Por Giovanni Lepri, Representante de ACNUR en México, Theresa Beltramo, Economista Sénior, ACNUR, y Craig Loschmann, Economista, ACNUR Américas
La posición geográfica de México y su alto PIB per cápita en comparación con el de sus vecinos han generado históricamente dinámicas de migración y de desplazamiento complejas, especialmente como país de origen y de tránsito de las personas migrantes que se dirigen a los Estados Unidos.
Sin embargo, en los últimos años, se ha considerado a México cada vez más como un país de destino, con un mayor número de personas, principalmente de Centroamérica, que expresa su intención de permanecer y buscar protección internacional en el país (de acuerdo con las cifras oficiales de población de ACNUR). Así, a finales del año 2021, México acogió a 459.046 personas de interés de ACNUR (gráfico 1). Es probable que esta cifra aumente aún más, ya que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó el número récord de 131.448 personas solicitantes de asilo en 2021.
El gran aumento de las llegadas de personas desplazadas exige la aplicación de un enfoque plurianual y sostenible respaldado por datos y evidencia. Esto es especialmente relevante ya que la región de América Latina y el Caribe se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19. Pese a representar sólo el 8,4% del total de la población mundial, la región reportó el 18,5% de los casos de COVID-19 y el 30,3% de las muertes a nivel mundial hasta octubre de 2021 (CEPAL y UNICEF, 2021). Además del impacto en la vida humana, la pandemia ha tenido un alto costo económico. Según las últimas cifras sobre la pobreza en México, el país sumó 3,8 millones de personas más que viven por debajo de la línea de pobreza nacional en 2020. Y aunque la tasa de desempleo ha mejorado desde el peor momento de la pandemia en junio de 2020, sigue siendo más alta que los niveles anteriores a la pandemia (INEGI, 2022).
En este contexto, un nuevo estudio realizado por ACNUR y la organización Innovations for Poverty Action (IPA) – con base en dos rondas de una encuesta telefónica aplicada entre marzo y septiembre de 2021 – arroja luz sobre el impacto de la pandemia en los medios de vida y el bienestar general de las personas de interés del ACNUR. La encuesta se llevó a cabo con una muestra aleatoria de la población registrada de ACNUR, así como con la comunidad de acogida circundante, lo que permite realizar comparaciones directas entre ambas poblaciones. Además, el estudio utilizó el modelo de la Encuesta Telefónica de Alta Frecuencia del Banco Mundial, realizada en México junto con más de 70 países en todo el mundo (Banco Mundial, 2021), lo que permite la comparación con las mediciones nacionales cuando es posible.
La población desplazada y la comunidad de acogida se encuentran afectadas económicamente y la pandemia ha agravado la inseguridad alimentaria
La encuesta muestra que la pérdida de actividades generadoras de ingresos ha dejado a los hogares en una situación precaria. Tanto en el caso de la población desplazada como de las comunidades de acogida, el 68% afirma que los ingresos familiares son inferiores a los de la época anterior a la pandemia de COVID-19. Para hacer frente a la situación económica, el 56% de las personas encuestadas desplazadas y el 42% de la población encuestada de la comunidad de acogida afirmaron que se vieron obligadas a agotar sus recursos o a depender de otras personas para cubrir sus necesidades diarias. En toda la muestra de la población encuestada, 3 de cada 4 personas afirman no tener una cuenta de ahorro bancaria o móvil.
El nivel de inseguridad alimentaria es elevado, especialmente para las personas desplazadas de Honduras y El Salvador, que tienen al menos 30 puntos porcentuales más de probabilidades de decir que se quedaron sin comida en los últimos 30 días en comparación con la población encuestada venezolana y de la comunidad de acogida (54% frente al 23% y al 19%, respectivamente). La inseguridad alimentaria alcanzó a la población infantil: el 13% de las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas afirman que una persona menor de edad se quedó sin comida durante 24 horas en los últimos 30 días, en comparación con el 4% de la población de la comunidad de acogida y el 2% de las personas venezolanas (gráfico 2).
La tasa de empleo mejoró ligeramente entre las dos rondas de la encuesta, sin embargo, las personas hondureñas y salvadoreñas son las que tienen menos probabilidades de trabajar y de tener un empleo formal
Entre ambas rondas de la encuesta, la tasa de empleo de las personas encuestadas mejoró en 5 puntos porcentuales (72% frente a 67%). Sin embargo, existe una diferencia considerable entre la población encuestada de la comunidad de acogida y las personas venezolanas con respecto a las personas hondureñas y salvadoreñas. En la segunda ronda de la encuesta, el 80% de las personas venezolanas tenían empleo, una tasa comparable a la de la población encuestada de la comunidad de acogida, mientras que las personas encuestadas de Honduras y El Salvador quedan rezagadas por 9 puntos porcentuales.
Las personas encuestadas desplazadas tienen muchas menos probabilidades que la comunidad de acogida de tener un empleo formal y, por lo tanto, acceso a la seguridad social (gráfico 3). Las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas, en particular, tienen muchas menos probabilidades de tener empleo en el sector formal, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir prácticas laborales injustas y reduce su acceso al sistema de seguridad social basado en el empleo. En la segunda ronda de la encuesta, el 56% de la comunidad de acogida, el 49% de las personas venezolanas y el 27% de las personas hondureñas y salvadoreñas afirmaron tener un contrato formal.
Una parte considerable de todos los hogares recibió ingresos de diversas fuentes y 3 de cada 5 personas entrevistadas citaron múltiples fuentes de ingresos en el hogar, lo que ayudó a amortiguar la pérdida de empleo. Los salarios y los negocios o el trabajo por cuenta propia son las principales fuentes de ingresos para la comunidad de acogida, así como para los hogares venezolanos desplazados, mientras que los hogares hondureños y salvadoreños tienen muchas menos probabilidades de tener salarios o ingresos procedentes de negocios o del trabajo por cuenta propia (gráfico 4). Las remesas también son una importante fuente de ingresos, especialmente para los hogares hondureños y salvadoreños.
Más del 75% de las niñas y niños en edad escolar están matriculados en la escuela, aunque los problemas relacionados con el aprendizaje a distancia afectan de forma desproporcionada a las familias hondureñas y salvadoreñas
El cierre de las escuelas representó un gran trastorno para los hogares con niñas y niños en edad escolar. En el caso de las niñas y niños matriculados en marzo de 2020, existe una modesta evidencia de abandono escolar entre las niñas y niños hondureños y salvadoreños, como se ilustra en el gráfico 5. Además, se percibe que la calidad de la escuela ha empeorado a medida que persiste la pandemia. Cerca de la mitad de la población encuestada cree que la calidad de la escuela es mala o muy mala en agosto de 2021, en comparación con sólo el 10% antes de marzo de 2020. Los desafíos en torno al aprendizaje a distancia son probablemente la razón principal, especialmente para los hogares desplazados hondureños y salvadoreños que reportaron tener un menor acceso a todos los recursos potenciales de aprendizaje a distancia, incluyendo Internet y computadoras.
Uso de los nuevos datos en la formulación de políticas públicas
La encuesta muestra que los hogares hondureños y salvadoreños desplazados se encuentran notablemente en peor situación en casi todas las mediciones en comparación con la población venezolana y la comunidad de acogida, un hecho que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas y programas públicos para estas poblaciones.
ACNUR usa estos datos para asegurar que la evidencia fundamente nuestra respuesta a la pandemia y más allá. Una parte central de la respuesta de ACNUR México al creciente número de llegadas a lo largo de la frontera sur ha sido la reubicación voluntaria de las personas de interés en el sur a comunidades en otras partes del país que tienen mayor capacidad de integración de personas trabajadoras. Como parte de esto, ACNUR México aboga por una inclusión social y económica más amplia, incluyendo en el sistema de salud local, el sistema educativo y el registro de la población.
Además, ACNUR México trabaja con las autoridades locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil para promover una mayor inclusión financiera en las personas de interés. En definitiva, trabajando junto a socios de desarrollo locales e internacionales, así como con las autoridades gubernamentales, el ACNUR apoya tanto a las poblaciones desplazadas como a las de acogida con el objetivo de reducir las desigualdades, ayudar a comunidades enteras y fortalecer los mercados locales de forma más integral.